Aún quedan varios meses para saber el resultado final de la reforma, hasta que se apruebe en el Congreso, pero las líneas maestras ya se conocen y en base a ellas podemos afirmar que tiene algunos avances, pero que hay retrocesos muy importantes, que deberían intentar subsanarse mientras haya tiempo.
Entre los avances más significativos podemos destacar algunos como: las ayudas a las familias numerosas o con dependientes, el recorte efectivo de impuestos a quienes tienen menos ingresos, o que las grandes empresas paguen más, dado que hasta ahora estaban pagando mucho menos que las pymes, gracias a muchas deducciones que se estaban aplicando.
La tributación del ahorro también sale beneficiada, al bajar los tramos del actual 21-27% al que tendrán en 20016, que será entre el 19-23%, para la gran mayoría, situándose el tipo más alto, que será el 24%, para los rendimiento superiores a 50.000 euros. No obstante, aún quedamos muy lejos del 15% que llegamos a pagar en los años 90 por las plusvalías, algo que a todas luces, parece difícil de volver a conquistar. Lo que parece cierto, es que los cambios que propone la nueva ley no incentivarán el ahorro y la inversión a largo plazo, como sería deseable. De hecho se despenalizan fiscalmente las operaciones a corto plazo en el mercado de capitales, volviendo a tributar todas igual, con independencia de que las rentas de capital o plusvalías, se generen en un período de tiempo superior o inferior a un año.
De todos los cambios, el que llama la atención, por el retroceso que supone, es la tributación de los planes de pensiones, tal cual la han presentado. En principio se reducen los importes a deducir y no se conocen ningún tipo de incentivo para ahorrar pensando en la jubilación. A nadie se le escapa la necesidad de concienciar seriamente a los ciudadanos en la necesidad de ahorrar para el futuro. Las pensiones son una carga cada día más pesada para las cuentas públicas y las reformas en marcha nos llevan a más años de cotización, para recibir importes sustancialmente inferiores a los actuales. De ahí que no se entienda que el Gobierno pierda la oportunidad de favorecer el ahorro para complementarlo con la pensión, llegado el momento.
Lo que tiene mucho sentido y que va en la dirección fijada por el Gobierno, de repatriar todo el capital que los contribuyentes tienen en el extranjero, es el hecho de que los beneficios que se obtengan con ese dinero, a través de fondos de inversión o las sicav, tributen al tipo marginal y no al reducido del ahorro. Con esta medida, seguirá produciéndose la repatriación de capitales que han sido regularizados y que estaban en cuentas de bancos en Suiza, Luxemburgo o cualquier otro país, dado que los costes fiscales y jurídicos que soportan, no compensarán para la gran mayoría de los inversores. Ese mismo patrimonio, gestionado desde España, en fondos de inversión de gestoras extranjeras, tendrá mejor tratamiento fiscal y menores costes, lo que sin duda beneficiará tanto al sector financiero nacional que se dedica a ello, como a los propios inversores.
Sería deseable que el Gobierno tomase nota de los comentarios y valoraciones que los expertos están haciendo, sobre lo ya presentado, para rectificar determinados errores o lagunas, que dejan la reforma fiscal excesivamente descafeinada y poco realista para ayudar a mejorar la situación económica de nuestro país.