Desde que el Tribunal de Justicia se pronunciase a favor de la devolución de lo indebidamente cobrado por los bancos, con las cláusulas suelo, parece que se ha demonizado este producto bancario.
Que la banca no pasa por su mejores momentos, en cuanto a credibilidad y rentabilidad, es un recurrente, tanto en las noticias como en los resultados. Su producto estrella, en cuanto a créditos se refiere, es decir, las hipotecas, también se ha visto envuelto entre los productos, que se considera han abusado de los clientes.
Ahora todos hablan de cuál será el futuro de este producto. Para algunos directivos del sector bancario, la nueva regulación y condiciones, va a hacer que se encarezcan las hipotecas que se concedan en el futuro.
Al margen de que eso se produzca, lo que es una realidad es el aumento de comisiones generalizadas en el sector financiero. Buena parte son consecuencia de las dificultades que tienen las entidades financieras para hacer rentables sus negocios. Otra parte es consecuencia del aumento de costes que el aumento de la burocracia, ante los cambios legislativos, está provocando en la operativa diaria.
La implementación de la Mifid I y Mifid II, en el mundo del asesoramiento a inversores, también está suponiendo un auténtico revulsivo en esa parte del sector financiero. El aumento de costes, las limitaciones de producto y gestión, serán consecuencias directas, que están obligando al sector a reconvertirse, para adaptarse y evitar sanciones.
Uno de los cambios más llamativos, con los cambios legislativos para evitar el blanqueo de capitales, lo tenemos en el hecho de que la presunción de inocencia, se ha eliminado por la carga de la prueba. Con ello quiero decir, que todo ahorrador que desee ingresar o cambiar, de una entidad financiera a otra, efectivo, por importes superiores unos 100.000 euros, deberá demostrar que es dinero legal y no fruto del blanqueo de capitales.
Los ahorradores se ven obligados a presentar contratos de compraventa, liquidaciones de impuestos de sucesiones etc… para demostrar que su dinero es lícito. Todo esto está generando mucho desconcierto entre los afectados, al tiempo que una carga de trabajo inmensa, para las entidades financieras.
Si lo que se busca con tantos cambios, es proteger a los inversores y luchar contra el fraude fiscal, es discutible que el resultado se consiga e forma satisfactoria. Lo que es indiscutible es el aumento de costes, el incremento de la burocracia y el cambio de modelos de negocio, para prácticamente todos las compañías del sector financiero, español y de la Zona Euro.
En conclusión, debemos adaptarnos a los cambios, evitando que nos supongan daños patrimoniales, que pueden venir en forma de sanciones fiscales, deficiente gestión financiera o pago de excesivos impuestos, por falta de planificación fiscal.